La prohibición de ingreso a los estadios fue aplicada a hinchas de Universidad Católica y socios de la corporación, tras haber realizado en el sitio de memoria del Estadio Nacional un acto autorizado de homenaje a Francisca Sandoval, en el marco de los dos años de su homicidio.
Santiago, 7 de octubre de 2024 - Esta mañana, dos socios de la Corporación Católica Para su Gente, patrocinados por un abogado de la corporación, presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago recursos de protección contra Azul Azul S.A, administradora del club Universidad de Chile, con el objetivo de revertir los derechos de admisión aplicados a ellos por dicho club tras los hechos ocurridos el 18 de mayo de este año, día en el que se disputó el último Clásico Universitario.
En aquella ocasión, la corporación se organizó para instalar un arreglo floral en el memorial de los detenidos desaparecidos ubicado en la galería norte del Estadio Nacional. El arreglo exigía justicia para Francisca, y la reconocía como hincha cruzada con conciencia social a través de la consigna “Porque soy del otro bando”, en conmemoración a la frase que dijera Raimundo Tupper para oponerse a votar por la opción Sí en el plebiscito de 1989.
Esta acción fue autorizada y coordinada con representantes de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, administradora legal del espacio, quienes confirmaron la autorización con la administración del estadio y recibieron a los hinchas, acompañándolos en todo momento. CPSG, por su parte, cumplió con todo lo que ellos pidieron: se enviaron el día anterior los nombres y rut de las personas que asistirían, y estas llegaron a la hora solicitada, que era 6 horas antes del inicio del partido, para no intervenir con el desarrollo del mismo ni coincidir en el lugar con los hinchas azules.
Luego de instalado el homenaje, se acercaron funcionarios del club local para increpar de manera agresiva a los asistentes (entre ellos un ex prisionero político del Estadio Nacional en tiempos de dictadura), señalando que no podían dejar el arreglo ahí y que estaban realizando un “acto de violencia”. Tras una larga discusión, solicitaron a funcionarios policiales que estaban en el lugar que les realizaran un control de identidad a los hinchas cruzados, a lo cual ellos accedieron sin oponer resistencia. Finalmente se retiraron del lugar, solamente con el disgusto por el altercado.
Sin embargo, en las semanas siguientes los afectados no pudieron ingresar a otros estadios para los partidos que disputó la UC, pues se les indicó que contaban con una prohibición de ingreso a los espectáculos de fútbol profesional.
Al consultar sobre dicha situación, fueron informados que el club Universidad de Chile había aplicado el derecho de admisión:
A la primera persona, 6 años sin ingresar a los estadios.
· 2 por “ingreso indebido” (por estar en el recinto del Estadio Nacional)
· 4 por “introducir elementos que afecten la seguridad del encuentro deportivo” (por instalar el arreglo en el memorial)
A la segunda persona, 2 años sin ingresar a los estadios.
· 2 por “ingreso indebido” (por estar en el recinto del Estadio Nacional)
Sobre esta situación, Jorge Villavicencio, presidente de la Corporación Católica Para su Gente, expresó que es “sumamente injusta y grave, porque se trató de un acto de memoria realizado de manera respetuosa y autorizada, en el que nunca existió un afán violento”. Además, manifestó su preocupación por el peligroso precedente que sienta: “implica que cualquier club puede vetar de todos los estadios a las personas que quiera de manera arbitraria, tergiversando una herramienta que debiera ser para alejar del fútbol a quienes cometan delitos y generen violencia, no a quienes realicen actos de memoria o simplemente quieran ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
Por su parte, Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, defendió a través de una carta que “el acto de memoria realizado no se puede cuestionar, ya que esta corporación es libre de hacer actos de memoria en su rol y contribución histórica”.
Durante las semanas siguientes al conocimiento de la medida, los hinchas ejercieron su derecho a apelar según lo estipula la Ley Estadio Seguro y el protocolo de la ANFP; sin embargo, las apelaciones fueron dilatadas durante meses por Azul Azul para finalmente ser rechazadas. “Es lamentable la manera en la que funciona esta ley, porque no garantiza el derecho a un juicio justo ni a un tribunal imparcial. La apelación se hace solamente ante el mismo club que toma la medida, por lo que es muy poco probable que vayan a cambiar de opinión. Por eso acudimos a esta instancia. Esperamos que la Corte de Apelaciones acoja estos recursos y revierta esto, porque es una injusticia gigante y una vulneración de derechos para nuestros compañeros”, finalizó Villavicencio.